LA trayectoria de la Fiscalía General del Estado en relación con las formaciones de la izquierda abertzale que retomaron el testigo de Batasuna -el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca- no puede calificarse como errática o ambigua porque implicaría connotaciones exculpatorias. Hasta que las necesidades electorales del PSOE han exigido un cambio de rumbo, la Fiscalía ha mantenido durante esta legislatura una estrategia cuyo objetivo era frenar cualquier investigación judicial contra el entramado político de ETA y facilitar así las negociaciones políticas con los terroristas que el Gobierno estaba gestionando desde 2005, después de varios años de contactos preparatorios entre el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna, ya ilegalizada.
El blindaje judicial de Otegi -fallido finalmente ante una decisión del Supremo por una querella procedente de la anterior legislatura y que mandó al líder batasuno a la cárcel- o la arbitraria excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos no fueron los episodios más significativos de esta labor de escudería llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado. Sí fueron escandalosos, pero la labor de fondo se venía haciendo desde que el Gobierno permitió la comparecencia del PCTV a las elecciones autonómicas vascas de 2005, luego culminada con el pase de la mitad de las listas de ANV a las municipales de 2007.
De la noche a la mañana, donde no había más que discursos de crispación del PP -se llegó a decir que el PP quería muertos- y manipulación ideológica de las asociaciones de víctimas, el fiscal general del Estado ve ahora vinculaciones inequívocas entre el PCTV y ANV con ETA, incluso utilizando para llegar a esta conclusión informes de la Guardia Civil de 2005, que en su momento fueron desechados por la Fiscalía.
En julio de 2005, el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite una querella de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los dirigentes del PCTV por integración en banda armada. La Fiscalía, por indicaciones de Conde-Pumpido, se opuso a la admisión de la querella, apelando a la «libertad ideológica» y a que, según recoge el auto judicial, «el PCTV no ha puesto su organización política a disposición de la banda terrorista ETA». Aunque la admisión de una querella no entraña ningún juicio condenatorio y no supone la celebración de la vista oral, la Fiscalía no quiso siquiera que se investigara la relación del PCTV con Batasuna, a pesar de que la Guardia Civil había presentado al juez un documento cuyo título lo decía todo: «Informe sobre la caracterización de EHAK como operativa sucesión de Batasuna». Y de este informe decía el auto judicial que «se refiere principalmente como EHAK ha procedido a asumir los postulados de Batasuna, así como de la propia organización terrorista ETA, en el sentido de que la izquierda abertzale debía estar ampliamente representada en el citado Parlamento».
Otras pruebas avalaban el informe de la Guardia Civil y la admisión de la querella de la AVT, pero la Fiscalía se mantuvo sumisa a la necesidad política del Gobierno de ceder al interés de ETA de dar libertad de maniobra a sus «satélites» políticos. El Ministerio Fiscal ni siquiera apoyó el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el desenmascaramiento del PCTV. La servidumbre de los grupúsculos de la izquierda abertzale a los designios de ETA es una característica fija de la historia de esta organización terrorista. Pero el proceso de negociación política con los terroristas promovido por el PSOE desde 2002 y dirigido por el Gobierno hasta 2007 se ha basado en una continua negación de las evidencias, en una desfiguración intencionada de los perfiles de ETA y en un desistimiento de las responsabilidades legales y políticas del Gobierno y de la Fiscalía en la lucha contra ETA.
Obviamente, ha sido la legislatura con menos muertos en la historia de ETA, pero este periodo que acabó el 30 de diciembre de 2006 empezó antes de que llegara Zapatero al poder. ETA no pudo matar desde junio de 2003, no porque el Gobierno de Aznar estuviera ofreciendo a Batasuna treguas y negociaciones bajo cuerda, como ahora se sabe que estuvo haciendo el PSE, sino porque dedicó todos los recursos del Estado a perseguir a los terroristas dentro y fuera de España. Entre ellos, un Ministerio Fiscal que cumplía con su deber constitucional de promover la acción de la Justicia
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